Corresponderá obviamente al propio movimiento cooperativo encontrar la vía para un desarrollo autónomo e incondicional, fortalecer su credibilidad social y fomentar la participación organizada de la comunidad

El surgimiento y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano se puede dividir en al menos tres etapas básicas: a) La primera se inició en la última década del siglo XIX, cuando se crearon varias organizaciones artesanales y de beneficencia, sobre todo en Quito y Guayaquil; b) La segunda se inició en 1937 con la primera Ley de Cooperativas para dar libertad de organización al movimiento campesino que implemente el modelo cooperativo y modernice sus estructuras productivas y;  c) La tercera fase se inició a mediados de la década de 1960 con la aprobación de la Ley de Reforma Agraria (1964) y la nueva Ley de Cooperativas (1966), que aún se encuentra vigente.

Estas agencias son una combinación de ayuda mutua, caridad y protección profesional. Los fines que persiguen los diferentes grupos son: contribuir al mejoramiento social, moral y psicológico de sus miembros a través de la ayuda mutua en caso de enfermedad, pobreza o muerte, establecimiento de cajas de ahorro y creación de instituciones educativas y talleres para miembros y sus niños.

En algunos casos, hay disposiciones para la formación de sindicatos, por ejemplo, el gremio de carpinteros para el suministro continuo de bienes para evitar abusos por parte de comerciantes particulares. A pesar de la recepción positiva de la idea del mutualismo en las sociedades populares a principios del siglo XX, el movimiento de autoayuda comenzó a extenderse lentamente hasta que muchos gremios se formaron en acciones de clase y disciplinas, con la constitución de los primeros sindicatos.

De hecho, las cooperativas progresaron lentamente desde sus primeros arranques mutualistas hasta su consolidación definitiva como un sector reconocido de la economía nacional. Así, entre la constitución de la «Sociedad Protectora del Obrero” fundada en Guayaquil en 1919, considerada la primera cooperativa del país, y la aparición de la segunda, denominada como la caja de Ahorro y Cooperativa de Préstamos de la Federación Obrera del Chimborazo, apenas habían pasado ocho años. En 1937, año en que entró en vigor la primera Ley de Cooperativas, había sólo seis organizaciones.

Puesto que no existía un adecuado conocimiento de los principios cooperativos ni de su estructura de funcionamiento, dichas organizaciones tuvieron una vida efímera y nominal pues sin un marco jurídico-institucional que las protegiera y sin contar con servicios educativos y financieros, no tenían ninguna posibilidad de operar.

El Estado ecuatoriano intervino directamente para promover las sociedades cooperativas sólo después de 1937, cuando se sancionó la primera ley de cooperativas del Decreto Supremo, No. 10 de noviembre de 1937, publicado en el Diario Oficial No. 1937. Una de las metas que se derivaron del acto de gobierno del General Alberto Enríquez Gallo, su patrocinador, fue establecer una economía rural, establecer medidas sociales y económicas para prevenir posibles fracasos nativos y controlar la estructura productiva en formas cooperativas.

En particular, se promovieron dos tipos de cooperación: cooperativas de producción y crédito; a este último se le dio el papel de apoyo financiero para la promoción de la agricultura. Esto no ha sido más que un intento de promover la cooperación como herramienta para corregir las desigualdades sociales y económicas en la agricultura. Esta situación del devenir de las cosas se logró en el ámbito legal, a partir de la posición de los luchadores sindicalistas en los más altos cargos del gobierno político. Sin embargo, su incapacidad para brindar prescripciones prácticas determinó el lento desarrollo de las plantas cooperativas.

La mayoría de las organizaciones establecidas al amparo de las normas anteriores, es decir 159 organizaciones registradas en 1948, la mayoría agrícolas, estaban integradas por personas de las clases media y alta, sin necesidad de creencias doctrinales o problemas comunes. Sin embargo, existió siempre un deseo lucrativo de adquirir tierras y aprovechar las ventajas fiscales que brinda el Estado.

Por tanto, lo que se necesita para el movimiento cooperativo no es sólo un respaldo legal, sino un intenso esfuerzo de difusión de la doctrina cooperativa y de sensibilización para lograr la correcta ordenación de las entidades públicas con contenido cooperativo. Además, la aplicación de los instrumentos jurídicos previstos en el marco legal adoptado se ve limitada por la ausencia de una adecuada estructura orgánica administrativa.

En definitiva, si bien la Ley de Cooperativas de 1937 permitió legitimar y dar soporte formal al cooperativismo, no fue adecuada frente a la dinámica social de la época. El incipiente movimiento que se estructuró en esos años adquirió nuevas características en la década de 1950, cuando grupos de diferentes orientaciones religiosas comenzaron a promover activamente las asociaciones cooperativas, nuevamente con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los sectores populares más necesitados, tanto rurales como urbanos. Sin embargo, la expansión del movimiento tendrá un impulso definitivo recién a partir de la década del sesenta, con la promulgación de la primera Ley de Reforma Agraria y Colonización, la nueva Ley de Cooperativas y con la formación de diferentes organizaciones de integración cooperativa.

En la década de 1960 hubo un importante crecimiento del cooperativismo ecuatoriano, probablemente el más grande de su historia, impulsado por el estado y las agencias de desarrollo norteamericanas públicas y privadas como la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), Asociación Nacional de Cooperativas (CUNA) y Liga de Cooperativas de los Estados Unidos (CLUSA). De hecho, la revolución cubana había sido motivo de seria preocupación para Estados Unidos, determinando que el país adoptara una nueva política para el continente latinoamericano: la Alianza para el Progreso. Su énfasis desarrollista abogó por una «revolución controlada» bajo la protección de las élites políticas locales que erradicaría la pobreza de las grandes masas desposeídas especialmente las rurales y fortalecería las estructuras «democráticas» actuales.

Así, el cooperativismo se forjó como un instrumento especialmente adecuado para lograr este objetivo y se incluyó en el programa de la Alianza para el Progreso con evidentes propósitos políticos. A lo largo de esta década, el desarrollo del cooperativismo se caracterizó por una serie de reformas legales y administrativas y la creación de instituciones de promoción y apoyo, así como de integración.

En 1961 se crea la Dirección Nacional de Cooperativas como unidad especializada del Ministerio de la Previsión Social y del Trabajo que en 1979 pasará a ser el Ministerio de la Seguridad Social con el fin de ejecutar la política estatal en materia de promoción sectorial. En la práctica, sin embargo, este órgano técnico se limitará a actividades puramente administrativas, de registro y control, y no de promoción.

El análisis muestra que, desde su apogeo, el movimiento cooperativo ecuatoriano ha adquirido ciertas características que ha conservado a lo largo de toda su trayectoria histórica. Los más importantes fueron los siguientes: a) La presencia del movimiento en todas las provincias del país, pero con mayor concentración geográfica en los dos principales centros de desarrollo urbano del país, las ciudades de Quito y Guayaquil; b) El fortalecimiento de una sola clase de cooperativas dentro de cada sector, aunque la ley y su reglamento establecen una diversidad de tipos de organizaciones; c) La politización de ciertos sectores y organizaciones de integración, que dividieron y debilitaron el movimiento; d) La precariedad de los intentos de integración sectorial y la falta de un órgano representativo de todo el movimiento a nivel nacional. Es decir que cada sector registró su propia dinámica, a partir de demandas específicas, dejando de lado posibles puntos comunes a todas las organizaciones, independientemente de su especialización; e) La falta de educación y formación en cooperación en los distintos niveles e instancias institucionales del movimiento y de la sociedad en general;

La falta de una formación permanente y la formación doctrinal y empresarial, sumado a la baja conciencia cooperativa de los directores, administradores y empleados, así como la fragilidad de las organizaciones de integración cooperativa, han impedido una efectiva cohesión entre los diferentes tipos de organizaciones y la superación de un problema sectorial y subnacional.  

Esta inestabilidad impidió el pleno y efectivo cumplimiento de las funciones encomendadas, permitiendo la burocratización y utilización del movimiento cooperativo por parte de funcionarios sin escrúpulos. Incluso las propias organizaciones de integración no han cumplido adecuadamente con su mandato de representar y brindar servicios técnicos de alta calidad. Por lo tanto, se cree que los pilares fundamentales de la integración deben ser vínculos regionales o locales que aseguren una cierta descentralización, asegurando la participación de los socios y la ejecución de tareas desde abajo, orientando sus demandas para atender mejor las expectativas existentes.

Corresponderá obviamente al propio movimiento cooperativo encontrar la vía para un desarrollo autónomo e incondicional, fortalecer su credibilidad social y fomentar la participación organizada de la comunidad integrando a mujeres, jóvenes y otros grupos de la sociedad civil, en la implementación de programas y proyectos para aliviar la pobreza y promover un desarrollo más sostenible y equitativo. A su vez, las unidades académicas deberán abrirse a estos sectores, buscando relaciones más estrechas con sus representantes, para ofrecer programas educativos y de formación que respondan a los desafíos que plantea el presente y propicien la adopción de nuevas formas de gestión.

Es urgente que el sector cooperativo se capacite con profesionales técnicos de primer nivel para integrar a sus socios y a los actores productivos del sector para generar mejores condiciones de vida e incrementar la productividad sin sacrificar los procesos de trabajo digno.

La Corporación Rural de Servicios Cooperativo se encuentra comprometida en este propósito.

Fuente: Da Ros, G. (2007). El movimiento cooperativo en el Ecuador. Visión histórica, situación actual y perspectivas. CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa, (57), 249-284.